Por sorpresa y en el peor momento. Así interpreta el sector de los refrescos que ha llegado el incremento del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21% que recogerán los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que ayer adelantó el Ejecutivo en el plan presupuestario que envió a la Comisión Europea. El argumento esgrimido por el Gobierno de que la medida trata de “favorecer hábitos más saludables” no tiene para la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) justificación científica alguna. “Son productos seguros y evaluados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)”, según ha asegurado la organización en una dura nota de prensa contra la decisión de Moncloa. Anfabra asegura que viene apostando por la promoción de hábitos saludables y por compromisos voluntarios, entre los que se incluye la reducción del contenido de azúcar puesto en el mercado procedente de estas bebidas, “que ya ha alcanzado un 35%, entre 2005 y 2018”. Por todo ello, la asociación considera que el incremento impositivo tiene un claro “componente ideológico”, pues el Gobierno pretende recaudar 400 millones de euros con el incremento. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha asegurado directamente que la medida solo tiene “un afán puramente recaudatorio”.

El problema tanto para Anfabra como para FIAB es que el posible efecto recaudatorio puede quedar diluido por el nocivo efecto que puede tener sobre el consumo. En su opinión, con esta propuesta, el Gobierno “da la puntilla” a la hostelería, un sector clave, ya que supone el 6,2% del PIB y genera 1,7 millones de empleos, y que a su vez es uno de los más afectados por esta crisis, con constantes restricciones y cierres. Estos establecimientos vienen reclamando una bajada del IVA al 4% que ayude a paliar las pérdidas provocadas por las constantes restricciones y cierres, tal y como están haciendo en otros países. Sin embargo, remarcan desde Anfabra, “la propuesta enviada a Bruselas se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa, donde ocho países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania) ya han aprobado una reducción del IVA con el fin de reactivar el consumo.

Tanto Anfabra como Fiab consideran que un impuesto a productos universalmente consumidos afectaría a todos y especialmente a las rentas más bajas, las más golpeadas por la crisis, lo que mermaría aún más su poder adquisitivo.