La Agencia Tributaria impulsará este año las personaciones en las sedes de las pymes donde se realizan actividades económicas para contrastar datos sobre el volumen real de ingresos, según se establece en Plan de Control Tributario para 2022, que este lunes publica el BOE.

En la misma línea, se prevé continuar con el ‘plan de visitas’, con su doble componente de control y de fomento de la mejora del cumplimiento voluntario, destacando este año aquellas dedicadas a verificar cuestiones de carácter censal, entre las que se incluirán visitas a los denominados ‘nidos de sociedades’, como pueden encontrarse en centros de coworking y lugares de simple recepción de correspondencia.

Continuarán las comprobaciones en aquellos sectores o modelos de negocio en los que se aprecien altos niveles de economía sumergida, y especialmente de ámbitos en los cuales se utiliza el efectivo como único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo.

A su vez, se ampliará el colectivo de análisis de posibles contribuyentes no declarantes de IVA y, en el contexto de la colaboración con la Inspección de Trabajo, se analizarán sectores con esquemas de subcontrataciones frecuentes para comprobar la correcta tributación en IVA e IRPF de empresas que cuentan con trabajadores que la Agencia define como ‘pretendidamente autónomos’.

La Agencia Tributaria prevé retomar la emisión de cartas aviso a contribuyentes que, a lo largo del tiempo, presenten determinados parámetros que apunten a un riesgo potencial de incumplimiento.

En el terreno del control de la economía sumergida, se reforzará la lucha contra el uso de sistemas de ocultación de ventas, de acuerdo con la prohibición legal establecida en la Ley Antifraude.

Según lo previsto en el Plan de Recuperación y de cara al desarrollo reglamentario de la ley, la Aeat está manteniendo reuniones con las organizaciones de pymes y autónomos para analizar alternativas técnicas que permitan, no solo el cumplimiento de la prohibición, sino también dar soluciones digitales integrales para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y registrales.

En esta línea, se trabaja en la obtención progresiva de borradores de declaración en la medida en que el sistema de facturación posibilite también el envío automático de la información a la Agencia, todo ello en el contexto de los fondos europeos para financiar la digitalización de autónomos y pymes.

Bases imponibles negativas

También va a continuar la comprobación sobre contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades. Lo justifica la Agencia, en que el incremento de dichos saldos y el riesgo que ello implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros hace necesario un control especial.

Otro riesgo es el aprovechamiento de beneficios fiscales de forma indebida por parte de entidades carentes de actividad, cuyo principal motivo de existencia es, precisamente, aprovechar esos beneficios. Las directrices hacen especial referencia a la utilización de estructuras asociativas como las Agrupaciones de Interés Económico.

La Agencia prevé incidir en supuestos en los cuales sirven de meros vehículos para trasladar beneficios fiscales a terceros inversores interesados en disfrutar de estas ventajas, y ese análisis y comprobación no se limitará al propio ente interpuesto, sino que alcanzará también a los partícipes o socios.

Será, igualmente, una acción a impulsar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a una Sociedad de Inversión de Capital Variable para beneficiarse de un tipo de gravamen inferior al general.

De la misma forma, analizará la situación a medida que vayan concluyendo los plazos del periodo transitorio dado a las sicav para, en su caso, transformarse o trasladar la inversión a fondos.

Al tiempo que se mantienen prioridades permanentes en el ámbito de Recaudación, como la toma de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, la adopción de derivaciones de responsabilidad para afianzar el cobro efectivo de las deudas, o la vigilancia de los deudores condenados por delito, se abordarán también las modificaciones organizativas necesarias para una plena dedicación de recursos humanos del área a la investigación recaudatoria.

A su vez, el nuevo sistema de registro y seguimiento de los ingresos gestionados a través de las entidades colaboradoras (el denominado ‘NRC online‘) permite un conocimiento de esta información de forma inmediata que ahora se aprovechará tanto desde el punto de vista de la asistencia y la información al contribuyente, como del control de los ingresos.

Fiscalidad internacional

Dentro ya del ámbito del control tributario, destaca un año más en las directrices el apartado dedicado al control de la fiscalidad internacional, y especialmente la estrategia 360º en materia de precios de transferencia (intragrupo) al objeto de interrelacionar los distintos procedimientos que puedan afectar a las operaciones vinculadas de un contribuyente concreto de forma que se asegure su complimiento tributario evitando controversias.

En el centro de esa estrategia se encuentra el nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia diseñado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en colaboración con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y ya plenamente operativo en 2022, que aglutina toda la información interna e internacional disponible en la materia, y que se actualiza periódicamente con nuevas fuentes. Este sistema permitirá identificar las pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria que refuerza la aplicación de las medidas antiabuso, la inspección velará por la correcta aplicación de estas normas en relación con la aplicación de las exenciones en pagos de dividendos, intereses y cánones a no residentes.

En relación con la lucha contra los territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras velarán por la correcta aplicación de las normas ‘antiparaíso’ existentes en la normativa, pero a ello se añade a partir de ahora la información recibida en el año 2021 sobre el cumplimiento del requisito de actividad sustancial previsto en el desarrollo del proyecto BEPS. Se trata de un nuevo

intercambio impulsado por el Foro de prácticas fiscales perjudiciales de la OCDE mediante el cual territorios con un Impuesto de Sociedades inexistente, o con un tipo cero o muy bajo, ofrecen a los países de residencia de las matrices o de los beneficiarios efectivos finales información sobre entidades radicadas en esos territorios que realizan actividades fácilmente deslocalizables.

Patrimonios ocultos

Junto con las habituales labores de análisis e investigación que realiza la Oficina Nacional de Investigación del fraude, la ONIF, así como el posterior control efectuado en las distintas áreas regionales sobre contribuyentes con patrimonios relevantes en materias como la simulación de residencia

fiscal en el extranjero, o la creación de estructuras de ocultación de rentas y patrimonios, la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes dedicará parte de sus esfuerzos este año a dos ámbitos específicos de trabajo.

Por un lado, ultimará la segunda fase de la herramienta creada para la detección automatizada de titulares reales de sociedades opacas tenedoras de inmuebles residenciales de alto nivel.

Si en una primera fase los trabajos se dirigieron hacia sociedades extranjeras, ahora se completará con sociedades igualmente opacas, pero radicadas en España.

Por otra parte, la Unidad implementará las herramientas necesarias para la explotación masiva de la nueva información procedente del Consejo General del Notariado.

Comercio electrónico

En 2022, la Agencia incidirá también en el control de las transacciones que se realizan por comercio electrónico, así como en ciertos ámbitos de la propia economía digital; es decir, aquella que esencialmente se desarrollan a través de internet.

En relación con las ventas online, se volverá a incidir en la identificación fiscal de sociedades no domiciliadas en España, pero que sí deben tributar por IVA por sus ventas a consumidores españoles.

A estos efectos también, y en colaboración con otras administraciones tributarias de la Unión Europea, se extremará el control sobre las propias plataformas de comercio electrónico.

A su vez, los hechos imponibles del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales están contribuyendo a determinar el alcance real de la actividad de estas plataformas multinacionales en el mercado español, permitiendo cruzar datos con las declaraciones presentadas.

En relación con la economía digital, se impulsarán fórmulas para obtener información económica y comercial que pueda ser explotada en posteriores comprobaciones. La Agencia subraya en las directrices que el incremento de la actividad desarrollada a través de internet implica la necesidad de un control exhaustivo de su correcta tributación, evitando el fraude y la competencia desleal.

Así, en 2022 la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que puedan presentar mayor riesgo tributario.

Aduanas y narcotráfico

En el ámbito aduanero, junto con los habituales controles que se realizan en este campo, las directrices subrayan que en los supuestos de fraude más grave, susceptible de generar acciones de índole penal, entran ya plenamente en juego las competencias de la nueva Fiscalía Europea, órgano que asume competencias de investigación en los delitos que afecten a los recursos propios tradicionales de la UE como son los derechos de importación, cuya gestión y control corresponde al Área de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia.

También se considera de interés el análisis del flujo de importaciones con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, a los efectos de evitar un aprovechamiento indebido de las preferencias arancelarias existentes para determinados productos en otros territorios, pero transitan por Reino Unido antes de llegar a la Unión.

En materia de lucha contra el narcotráfico, continuarán las labores de control derivadas de la prohibición de uso de las ‘narcolanchas’, que el pasado año llevó ya a la incautación de más de 700 embarcaciones.

Por otra parte, seguirá siendo el Campo de Gibraltar zona prioritaria en las actuaciones operativas contra el tráfico de drogas, si bien se prestará especial atención también a provincias limítrofes por el desplazamiento de actividades de las organizaciones criminales.

También, en apoyo a las oficinas de inteligencia marítima del Servicio de Vigilancia Aduanera, se desarrollarán nuevas tecnologías para actualizar las herramientas de vigilancia y control marítimo de gestión centralizada como impulso a la operatividad aeronaval y a las labores de investigación.

En cuanto al contrabando de tabaco se prevé incidir en los controles en frontera y en las investigaciones sobre las organizaciones a partir de la reactivación del Memorando de Entendimiento acordado con Gibraltar, así como reforzar, en el marco del régimen sancionador incorporado en la Ley Antifraude, el control sobre el tabaco crudo para evitar su desvío a la fabricación ilícita.