La crisis derivada del coronavirus complicó, más si cabe, la delicada situación de la Seguridad Social hasta el punto de que este ámbito de la Administración registró cifras que se antojan cercanas a la quiebra: su déficit en 2020 rozó los 30.000 millones, y si la cuantía no fue incluso superior es porque el Estado le inyectó 20.000 millones adicionales.

Unos alarmantes datos que han sido desgranados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas relativa a 2020 y en donde la propia portavoz del Gobierno ha señalado que la desviación fue del 2,65% del PIB, lo que corresponde a 29.685 millones. Pero sin ese rescate de 20.000 millones por parte del del Estado, ha añadido, la cifra habría superado el 4,5%, esto es, más de 50.000 millones.

Esa notable agujero se produce, sin duda, por la tensión que ha provocado la crisis del coronavirus en todos los ámbitos del Estado. Pero también es muy relevante la propia situación de la Seguridad Social, en donde los ingresos hace ya tiempo que no son suficientes para cubrir los gastos y son vitales medidas que alivien este contexto. Y más, si el Gobierno pretende ligar las pensiones al IPC de manera indefinida como ya ocurrió, precisamente, en 2020 y a pesar de los alarmantes datos de desviación.

“El Gobierno ha blindado a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social”, ha añadido Montero, incidiendo así en el hecho de que la intervención el Estado ha sido básica para proteger, al menos en parte, las cuentas de este ámbito de la Administración. Como consecuencia de ello, la Administración Central registró un déficit el 7,5% del PIB, que sumado al de la Seguridad Social, el superávit de los ayuntamientos y la desviación de las comunidades autónomas, arrojó un déficit conjunto del 10,09%.

Ese es el dato Montero se ha esforzado por resaltar, subrayando que está muy lejos del 11,3% que manejaba el propio Gobierno. Sin embargo, a esa cifra del 10,09% hay que sumar la deuda de la Sareb, el llamado banco malo, después de que Eurostat así lo decretase. Y, por lo tanto, la desviación conjunto fue del 10,97%, lo que igual está por debajo de la estimación oficial del Ejecutivo pero que hace que la de 2020 fuese la segunda mayor desviación de la historia, sólo por detrás del 11% que se superó en 2009.

 

DESPLOME DE LOS INGRESOS

El hartazgo de predicar en el desierto: “Con un 10% que no cumpla, vamos al traste”

Las cifras de Ejecución están directamente condicionadas por la fuerte caída que sufrió la recaudación tributaria: un 8,8% menos que en el ejercicio anterior. Sólo en el IRPF se produjo un leve incremento, del 1,1%, que según Montero responde a medidas de protección como los ERTE así como a las subidas de las pensiones y los sueldos públicos.

En el resto de ámbitos, los retrocesos han sido muy importantes, con caídas de hasta el 33% como la que se observó en el impuesto de Sociedades. Esta figura ya estaba en cifras muy reducidas respecto a las que llegó a ofrecer antes de la crisis, y esta nueva recesión supone un nuevo y muy relevante golpe. El IVA, por su parte, se desplomó un 11,5%, evidenciando el deterioro del consumo, y la aportación de los impuestos especiales fue un 12% inferior.
Fuente: El Mundo